En octubre, Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones brasileñas, una gran noticia. Con Jair Bolsonaro se disparó la destrucción del Amazonas a niveles de récord. Solo en los tres primeros años de su mandato se deforestaron 34.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical, una superficie superior a Cataluña o Bélgica. Su ministro de medio ambiente, Ricardo Salles, aprovechó la pandemia para relajar las regulaciones ambientales de uno de los pulmones del planeta. El año pasado se vio forzado a dimitir tras ser investigado por la Policía Federal por facilitar la exportación de madera extraída de manera ilegal de la Amazonía. Un contrabando practicado por agentes públicos y empresarios madereros, entre ellos el propio Salles y el presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente, Eduardo Bim. Bolsonaro también es un firme defensor de la ganadería intensiva y de los monocultivos, actividades que contribuyen a los abusos corporativos en el país, así como a desplazar comunidades locales y a destruir la biodiversidad.

Que Donald Trump y los republicanos salieran debilitados de las elecciones de medio mandato da margen a Joe Biden para proseguir con su objetivo de recortar las emisiones de Estados Unidos a la mitad en la próxima década y continuar dentro del Acuerdo de París, que su antecesor abandonó. Este compromiso busca mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2°C, y limitarlo a 1,5°C, nivel por encima del cual los científicos prevén efectos catastróficos.

El secretario general de las Naciones Unidas ha tenido momentos brillantes en 2022 que deberían cundir más entre los líderes políticos. Ni corto ni perezoso, animó este verano a los países de la ONU a gravar los beneficios “inmorales” del sector energético. Y en la otra vez decepcionante Cumbre del Clima, la COP27 celebrada en noviembre en Egipto, arremetió contra el “lavado verde” o greenwashing de los gobiernos y de las empresas, pidiendo “tolerancia cero” con esta estrategia para parecer más sostenible de lo que en realidad se es.

En abril, miles de científicos protagonizaron una huelga global coincidiendo con la publicación de la última parte del Sexto Informe de Evaluación del IPCC –Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU– convocada por el colectivo Scientist Rebellion para demandar acción inmediata ante la crisis climática. También en la COP27, científicos de más de cuarenta países apoyaron a los activistas y 400 de ellos alertaron a los organizadores de la cumbre sobre su agencia de comunicación, Hill+Knowlton Strategies, por ejercer de “facilitadora” de los intereses de las petroleras.

En septiembre, el Senado aprobó una ley que dota a la laguna del Mar Menor de personalidad jurídica –como las personas y las empresas– tras una iniciativa legislativa popular que superó las 600.000 firmas. Se espera que sirva para protegerlo del regadío de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena, que durante las últimas décadas ha provocado un flujo constante de agua con nitratos que va a parar al Mar Menor –provocando su eutrofización y colapso ambiental–, así como del incremento de las macrogranjas en la Región de Murcia, que también lo intoxican. ∎

La principal causa del cambio climático son las energías fósiles (gas, carbón, petróleo), un sector que durante esta contienda bélica ha visto aumentar notablemente sus ya suculentos beneficios. Mientras tanto, mueren personas de ambos bandos, millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares, los europeos pagamos la energía más cara que nunca y globalmente padecemos una inflación histórica, todo lo cual nos cruje las cuentas bancarias.

Por supuesto, el pueblo ucraniano tiene derecho a decidir soberanamente sobre su futuro y la invasión de Ucrania por parte de Rusia no está justificada, pero resulta evidente que detrás de cada conflicto bélico hay intereses económicos muy importantes de los que apenas se habla. Y este viene a ser el enésimo que favorece a las energías fósiles, esta vez en Europa. Encontrar una salida pacífica urgente no solo es la mejor solución, sino también la más sostenible. “All we are saying is give peace a chance”, que decía la canción de Lennon.

Las emisiones globales de CO2 alcanzarán un nuevo récord este año: 40.600 millones de toneladas, un 1% más que en 2021 según el último informe de Global Carbon Project presentado en la COP27 celebrada en Sharm-El Sheik, Egipto. De seguir así, la temperatura media global sobrepasará el límite de aumento de 1,5ºC en nueve años. Según la Organización Meteorológica Mundial, las condiciones meteorológicas extremas derivadas del cambio climático han multiplicado por cinco el número de desastres en los últimos cincuenta años. La inacción climática incluso puede empeorarlos.

La situación de este Parque Nacional es extremadamente preocupante, no solo por la actual sequía, sino porque están haciendo estragos el exceso de agua desviada a la agricultura local, la contaminación y los efectos del cambio climático. El año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa condenó la gestión de este espacio natural criticando la falta de control en las detracciones hídricas hacia explotaciones agrícolas y el turismo. Este año, Bruselas volvió a elevar a la justicia europea el caso, cuyas multas pueden ser millonarias.

En julio, el IPBES, organismo mundial responsable de evaluar el estado de la biodiversidad global, señaló que los formuladores de políticas se centran en el corto plazo y en el crecimiento económico, contribuyendo a la crisis mundial de la naturaleza. El informe Planeta Vivo 2022 de WWF, que analiza casi 32.000 poblaciones de 5230 especies del mundo –mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios–, constata la pérdida del 69%, casi tres cuartas partes de la vida silvestre. Hemos perdido dos de cada tres animales y plantas desde 1970.

Debido al consenso de la comunidad científica respecto al cambio climático y la cantidad de eventos climatológicos extremos que ocurren, afortunadamente quedan pocos negacionistas. Pero aún existen. Como VOX, que califica la lucha climática de “ideología progre”. Lo que resulta mucho más alarmante es la abundancia de “retardistas”, es decir, aquellos que no niegan la crisis climática pero retrasan sus soluciones: políticos, empresas, foros u organismos que postergan la toma de decisiones y juegan con la vida de todos. ∎